La mayoría obtenida por el grupo de senadores que apoya las demandas de las facciones agrofinancieras tiene dos lecturas muy definidas. En principio, el rechazo como práctica parlamentaria no puede ser objetado, más aún cuando la 125 era una resolución muy controvertida y técnicamente perfectible, como para generar disensos y, cosa que siempre resulta probable, no ser finalmente aceptada.

El rechazo parlamentario de un proyecto es parte de la rutina democrática y por lo tanto son reglas de juego a las que hay que someterse. ¿Hay que aclarar que se gana y se pierde? Ahora bien, existe una segunda lectura, esta sí de gran volumen institucional, insoslayable y con proyecciones muy profundas de una extensión hoy aún impredecible: la derrota en el Senado del proyecto oficial la provoca el vicepresidente, integrante del Poder Ejecutivo y sin funciones parlamentarias habituales.

Más allá del anecdotario funesto que la historia reciente muestra en la relación política traumática entre presidente y vice, en esta oportunidad específica la actitud de Julio Cobos es en el mejor de los casos de una notable irresponsabilidad institucional, cuyos efectos más allá de su voluntad igualmente son inmediatos y contundentes: desequilibra y debilita el poder político del gobierno democrático, a menos de un semestre de haber asumido respaldado por el 46% de los votos.

En una perspectiva de análisis menos indulgente, quebrar tempranamente la unidad política del Poder Ejecutivo es un intento de mostrar el camino para el desarrollo de una profunda crisis política e institucional y, en este sentido, la actitud de Cobos puede promover el despliegue de un dispositivo más amplio que apunta al desgaste y el quiebre institucional a mediano plazo del gobierno nacional, que encontró en el rechazo de la Resolución 125 por parte del Senado su bautismo de fuego. Continuará.

Artemio López - Director Consultora Equis